El vector de atracción de las empresas al Corporation Trust Center es la Ley General de Corporaciones de Delaware (DGCL), a menudo referida como la jurisdicción corporativa más importante desde principios del siglo XX. Esta ley es la base sobre la cual descansa el derecho corporativo de Delaware. La DGCL es tan beneficiosa para las grandes empresas que más de 300 de las Fortune 500 están inscritas en Delaware. De hecho, es tan favorable a las empresas que cada año, el 15% de todas las empresas públicas de Estados Unidos utilizan exactamente el mismo edificio que su paraíso fiscal (Balotti y Finkelstein, 1986). Con domicilio legal en el 1209 Orange Street (el edificio de Corporation Trust Center, aparecen 217.000 empresas, entre ellas, las de Paul Singer (Gaggero, Rúa y Gaggero, 2013), y GCSA Equity (Clarín) y VLG Argentina (Cablevisión) (Lijalad, 2016).
Como resume Perciavalle, Delaware “es donde se constituyen un importante número de compañías que circulan por el mundo y que se caracterizan por su total opacidad en materia de funcionamiento. Es además una jurisdicción preferida por las «ventajas» fiscales que ofrece a quienes optan por actuar en sociedad, ya sea para intervenir en el tráfico mercantil de cualquier país del mundo o para ser mero depositario de bienes, sin actividad comercial alguna. En Delaware no hay impuestos sobre las sociedades, se garantiza el anonimato de sus integrantes, se puede crear una sociedad en cuestión de horas con un puñado de dólares, sin aportar mayor capital, se puede abrir una cuenta en las mayores entidades bancarias estadounidenses, fijar sedes sociales en cualquier punto del planeta y evitar cualquier exigencia lingüística” (Perciavalle, 2020).
Constitución de sociedades
En lo referido a constitución de sociedades, en Delaware se crean con facilidad (en pocas horas), con poca información requerida (un formulario) y con confidencialidad de los pactos entre socios. Justamente, por la flexibilidad normativa de las sociedades LLC de Delaware, han proliferado las denominadas “Startups”, cuya principal diferencia respecto a otras sociedades es que el nombre del administrador de una sociedad LLC no consta en la documentación de constitución y registro de la sociedad y, por lo tanto, no es objeto de registro público (56). Respecto de la normativa que regula las sociedades LLC en el estado, es muy similar al resto de las sociedades de los estados de la Unión (Kobayashi y Ribstein, 2011).
Impuesto
En relación con los impuestos, las sociedades de Delaware no gozan de ningún trato fiscal favorable a nivel federal, y sus obligaciones son las mismas que cualquier otra sociedad de los Estados Unidos a nivel de tributación federal en el IRS (Kirca, 2020). Sin embargo, en Delaware no hay impuesto sobre las ventas, no importa si la ubicación física de una empresa está en el estado o no; ninguna compra en el estado está sujeta a impuestos; no existe un impuesto sobre la renta empresarial estatal sobre los bienes y servicios proporcionados por las empresas de Delaware que operan fuera de Delaware; el estado no tiene un impuesto corporativo sobre los intereses u otros ingresos por inversiones de una sociedad de cartera de Delaware (si una sociedad de cartera posee inversiones de renta fija o inversiones de capital, no se gravan sus ganancias a nivel estatal) (Schwartz, 2019); no recauda impuestos sobre la propiedad personal (existe un impuesto a la propiedad inmobiliaria a nivel de condado, pero es muy bajo en comparación con otros estados de EEUU ya que las corporaciones pueden poseer sus propios espacios de oficinas y reducir la cantidad de impuestos a la propiedad en comparación con otros estados); no tiene impuestos al valor agregado (IVA); no tiene impuesto a la herencia; tampoco hay impuestos sobre el capital social ni sobre la transferencia de acciones.
Opacidad
Respecto de la opacidad, Delaware tiene tribunales (The Chancery Court) que son extremadamente ágiles en resolución de conflictos mercantiles. Y algo propio: no se está obligado a llevar contabilidad, es decir, la SRL o sociedad general no están obligadas ni a presentar sus cuentas en el registro público o en el Departamento del Tesoro.
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